El sí de Juan Manzur a Mauricio Macri es asimilable al acompañamientos de otros gobernadores a las políticas que la Casa Rosada tome en materia de relación fiscal Nación-provincias. El marco acuerdo para la recuperación gradual del 15% de la coparticipación retenida a las jurisdicciones del interior para financiar el sistema de seguridad social es un hecho. Pero, ineludiblemente, las diferencias saltan a la hora de acordar la letra chica. Y eso es lo que desvela al ala política del gabinete macrista.

Rogelio Frigerio se juega un gran partido en esta etapa de la gestión, cuando es fundamental meter goles para subir en la tabla de valoración. El ministro del Interior viene tejiendo alianzas con los distintos mandatarios para fortalecer su posición en la Casa Rosada. En realidad, Frigerio se encontró -en la mayor cantidad de casos- con viejos conocidos a los que les pidió el acompañamiento a su gestión. José Alperovich es uno de ellos y fue prácticamente la “quinceañera” que fue “agasajada” en la residencia privada de Manzur el lluvioso viernes del encuentro. El senador nacional ha preferido el silencio sobre su voto a la iniciativa que Macri quiere tener sancionada a fines de este mes para arreglar con los holdouts. El ex gobernador tal vez está sintiendo la presión de acompañar al Presidente de la Nación con su voto y por eso Emilio Monzó salió aquel día seguro de que así será. “Nos llevamos el voto del senador” (que almorzó raudamente y volvió a sus actividades privadas), había dicho el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. A Manzur, en tanto, los macristas lo consideran pragmático y casi con los dos pies en el proyecto institucional del Presidente.

Una puerta abierta

El médico tucumano coquetea con la Rosada. Pero, fiel a su estilo, quiere que el Gobierno nacional responda con acciones. Si debe pagar algún costo político, el gobernador está convencido de que no será gratis. El año fiscal vigente puede ser transitado sin grandes contratiempos fiscales, pero le falta la impronta que tuvo su antecesor, la de financiar pequeñas obras en todo el territorio provincial que, con el tiempo, se convierte en el gran capital político del líder partidario. En el corto plazo, su gestión comenzará a regularizar la deuda de arrastre que mantiene con los constructores desde agosto pasado. Según trascendió, el Ministerio de Economía está dispuesto a desembolsar unos $ 190 millones para pagar certificados vencidos hasta octubre. En un principio, el Poder Ejecutivo había previsto el uso de cheques de pago diferido para saldar la deuda con las empresas. Sin embargo, se abrió una puerta para que desde Buenos Aires lleguen fondos frescos que permitan cumplir aquella obligación. De hecho, si esto fuera factible, Tucumán sería una de las pocas provincias que le pediría plata a la Nación, pero no para pagar sueldos atrasados o a vencer. No obstante, no deja de ser una necesidad ni una asistencia financiera. Otro elemento a tener en cuenta en esta relación de fidelidad financiera con el poder central.

Mientras tanto, en la provincia aguardan que a partir del segundo semestre del año comience el goteo del desembolso del 3% de precoparticipación. Serían $ 600 millones adicionales hasta fines de año.

La cuestión central sigue siendo la letra chica del acuerdo. Hay intenciones de que la Nación otorgue un aval financiero por otro 3% que Manzur lo usaría para descuentos en bancos, es decir, lograr cierta liquidez transitoria para reactivar los anuncios genuinos de su administración. El año que viene, a su vez, la Nación estaría obligada a coparticipar un 6% del 15% integral de lo retenido y así, hasta llegar al porcentaje total.

Sin embargo, hasta ahora nada se dice qué sucederá con la deuda de años anteriores, por lo menos desde 2006, cuando se retuvo la coparticipación para la Anses. Allí entra a jugarse otro partido, el de los acuerdos bilaterales que anunció el propio Frigerio en una entrevista con LA GACETA.

No se trata de un proceso sencillo. Hay provincias muy endeudadas que pueden llegar a cambiar su situación financiera en la relación con la Nación. ¿Cuál es el peligro? El kirchnerismo había visto que darles cierta autonomía financiera a los gobernadores implicaba perder el control político. Todo presidente está tentado a sostener el control remoto; de otro modo, alguien puede erosionar su poder basado en la billetera.

¿Cuál es la situación de Tucumán? Según los registros del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), en la última década, la deuda por precoparticipación (término acuñado para el 15% de los fondos retenidos) supera los $ 10.000 millones. Y eso es algo al que la actual gestión no puede ni debe renunciar. No debe, porque necesita ese dinero para proyectar un plan de obras públicas y sostener al Estado en el terreno del equilibrio fiscal. No puede porque, de resignar, los funcionarios actuantes podrían quedar expuestos judicialmente si se consolida la deuda, es decir, si se logra verificar que ese dinero no ha ingresado a las arcas provinciales, con el debido reconocimiento del pago de esa obligación por parte del Estado Nacional.

Hoy por hoy, aquellos 10.000 millones representan un 20% de los gastos anuales de la provincia.

Hoy por hoy, esos 10.000 millones implican que Tucumán se convierta en acreedora de la Nación, ya que su deuda pública consolidada ronda los $ 4.000 millones.

He aquí la resistencia de la Casa Rosada a coparticipar el beneficio que ya gozan, por imperio de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

Mientras tanto, seguirá la negociación. Mientras tanto, habrá provincias de primera categoría...y el pelotón que viene por detrás. Son las asimetrías propias de un régimen fiscal que históricamente ha castigado a las provincias.